El 70 por ciento de la Amazonia colombiana está protegido por parques naturales y resguardos indígenas. Sin embargo, concesiones mineras y petroleras están siendo otorgadas en su interior. Sin control, son una amenaza, como ha sucedido en Brasil.
Se realizaron unos estudios que demuestran que en menos de 20 años Colombia perderá una quinta parte de su selva. Debido a Las licencias para explotar oro y petróleo. Que se dispararon de 209 hectáreas por año a 48.000 en 2010.
La Amazonia ha sido escenario de peleas históricas. En esa selva profunda, que cubre el 42 por ciento del territorio del país, se han dado todas las batallas. La Conquista española, la fiebre del caucho, la lucha insurgente y hasta la guerra contra las drogas. Sin embargo, si le va mal, la que libra ahora contra un desarrollo económico sin planeación podría ser la última. Y su victoria depende de la capacidad que tenga el Estado para conciliar las exigencias de las inversiones que están llegando, especialmente en minería e hidrocarburos, con la protección de su biodiversidad.
Decir que este es uno de los grandes dilemas que enfrenta Colombia no es exagerado. La selva de la Amazonia es hoy la gran reserva del planeta y por eso todos los ojos están clavados en ella. Es el principal regulador del clima, ahora que este es un tema prioritario, tiene el 20 por ciento del agua dulce en un mundo sediento y produce una quinta parte del oxígeno que se respira en la Tierra.
Pero los pronósticos para ese tesoro verde no son alentadores. La semana pasada, un informe, elaborado por una alianza de organizaciones como el Fondo Patrimonio Natural, Gaia Amazonas, Ilsa y Alisos -y financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid)-, reveló que en 2030 más de la quinta parte de la selva colombiana no existirá. Y esta amenaza podría multiplicarse por la falta de control sobre el boom de los recursos no renovables.
El 70 por ciento de esa selva tiene alguna figura de protección ambiental, sea resguardos indígenas o parques naturales, que prohíben el desarrollo comercial en ese territorio. Sin embargo, esto no ha impedido el auge de las industrias extractivas. En minería, según el informe, el aumento es exponencial. Mientras entre 1988 y 2005 se concesionaron 209 hectáreas por año, en 2006 se dieron 16.000 y en 2010 se llegó a 48.000. Muchas de las licencias fueron concedidas ilegalmente dentro de Parques Naturales y otras forman un cordón alrededor de ellos en varios miles de hectáreas.
Algo similar sucede con los más de noventa resguardos indígenas (de 189 en el país) que están vinculados a desarrollos de bloques petroleros. Una situación que a pesar de ser legal, porque el subsuelo es de la Nación, es altamente discutible por el impacto que un proyecto de estos tiene en los grupos étnicos. También por las alteraciones que ocasiona en ecosistemas que llevan casi tres décadas protegidos por ley contra actividades a gran escala como estas. Y por la dimensión de esta figura que cubre más de 25 millones de hectáreas, es decir, casi una cuarta parte del territorio continental del país.
Y a esto se suma una larga lista de otras amenazas. Entre los proyectos de infraestructura que se plantean en la región se encuentra, por ejemplo, un ambicioso plan para crear o mejorar 349 kilómetros de carreteras. Cuando estas sean una realidad, muchos territorios, antes remotos, estarán al alcance del país. Esto sin duda mejora la competitividad de la región, pero también abrirá el camino para que actividades comerciales empiecen a conquistar ecosistemas que hoy están intactos. Y eso por no nombrar las amenazas ilegales, como el cultivo de estupefacientes. Hoy cinco de los diez municipios con mayor producción de coca del país se encuentran en la Amazonia. El debate es muy de fondo. Cuando el valor ambiental es tan alto es muy difícil prevenir daños irreparables. "Un enclave minero en la mitad de la selva deforesta miles de hectáreas. No hay una experiencia en el mundo en que los efectos no hayan sido depredadores", señaló el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, en la presentación del informe. Sin embargo, por el otro lado, es casi imposible frenar el desarrollo y la necesidad de obtener materias primas, de hacer carreteras o de instalar servicios. Por eso, la clave está en que el Estado se haga a herramientas poderosas para exigir que la extracción de la riqueza subterránea no acabe con el medio ambiente que está encima.
Para los pobladores también es un dilema. Hoy esta región, con la mitad del territorio del país, produce tan solo el 1 por ciento del PIB nacional. Y muchas de las comunidades que habitan allí ven con buenos ojos la llegada de la industria, porque sienten que no tienen por qué sacrificar sus ingresos a cambio de nada.
Como señala el informe, el país está en un buen momento para definir cómo va a administrar ambas riquezas: la minera y la ambiental. En teoría, son tres los posibles escenarios. El primero, lograr que la conservación de estos bosques sea tan rentable como su explotación, sin embargo, los estímulos de bonos de carbono no han dado los resultados que la comunidad internacional esperaba. El segundo es la extracción a rajatabla, que sería ciertamente desastrosa. Y el tercero, tal vez el más indicado para la Colombia de hoy, es que el Estado garantice que las operaciones se hagan con el menor impacto ambiental posible y dándoles al país y a las comunidades de las zonas afectadas compensaciones acordes a las heridas causadas a la naturaleza.
Pero los pronósticos para ese tesoro verde no son alentadores. La semana pasada, un informe, elaborado por una alianza de organizaciones como el Fondo Patrimonio Natural, Gaia Amazonas, Ilsa y Alisos -y financiado por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid)-, reveló que en 2030 más de la quinta parte de la selva colombiana no existirá. Y esta amenaza podría multiplicarse por la falta de control sobre el boom de los recursos no renovables.
El 70 por ciento de esa selva tiene alguna figura de protección ambiental, sea resguardos indígenas o parques naturales, que prohíben el desarrollo comercial en ese territorio. Sin embargo, esto no ha impedido el auge de las industrias extractivas. En minería, según el informe, el aumento es exponencial. Mientras entre 1988 y 2005 se concesionaron 209 hectáreas por año, en 2006 se dieron 16.000 y en 2010 se llegó a 48.000. Muchas de las licencias fueron concedidas ilegalmente dentro de Parques Naturales y otras forman un cordón alrededor de ellos en varios miles de hectáreas.
Algo similar sucede con los más de noventa resguardos indígenas (de 189 en el país) que están vinculados a desarrollos de bloques petroleros. Una situación que a pesar de ser legal, porque el subsuelo es de la Nación, es altamente discutible por el impacto que un proyecto de estos tiene en los grupos étnicos. También por las alteraciones que ocasiona en ecosistemas que llevan casi tres décadas protegidos por ley contra actividades a gran escala como estas. Y por la dimensión de esta figura que cubre más de 25 millones de hectáreas, es decir, casi una cuarta parte del territorio continental del país.
Y a esto se suma una larga lista de otras amenazas. Entre los proyectos de infraestructura que se plantean en la región se encuentra, por ejemplo, un ambicioso plan para crear o mejorar 349 kilómetros de carreteras. Cuando estas sean una realidad, muchos territorios, antes remotos, estarán al alcance del país. Esto sin duda mejora la competitividad de la región, pero también abrirá el camino para que actividades comerciales empiecen a conquistar ecosistemas que hoy están intactos. Y eso por no nombrar las amenazas ilegales, como el cultivo de estupefacientes. Hoy cinco de los diez municipios con mayor producción de coca del país se encuentran en la Amazonia. El debate es muy de fondo. Cuando el valor ambiental es tan alto es muy difícil prevenir daños irreparables. "Un enclave minero en la mitad de la selva deforesta miles de hectáreas. No hay una experiencia en el mundo en que los efectos no hayan sido depredadores", señaló el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez, en la presentación del informe. Sin embargo, por el otro lado, es casi imposible frenar el desarrollo y la necesidad de obtener materias primas, de hacer carreteras o de instalar servicios. Por eso, la clave está en que el Estado se haga a herramientas poderosas para exigir que la extracción de la riqueza subterránea no acabe con el medio ambiente que está encima.
Para los pobladores también es un dilema. Hoy esta región, con la mitad del territorio del país, produce tan solo el 1 por ciento del PIB nacional. Y muchas de las comunidades que habitan allí ven con buenos ojos la llegada de la industria, porque sienten que no tienen por qué sacrificar sus ingresos a cambio de nada.
Como señala el informe, el país está en un buen momento para definir cómo va a administrar ambas riquezas: la minera y la ambiental. En teoría, son tres los posibles escenarios. El primero, lograr que la conservación de estos bosques sea tan rentable como su explotación, sin embargo, los estímulos de bonos de carbono no han dado los resultados que la comunidad internacional esperaba. El segundo es la extracción a rajatabla, que sería ciertamente desastrosa. Y el tercero, tal vez el más indicado para la Colombia de hoy, es que el Estado garantice que las operaciones se hagan con el menor impacto ambiental posible y dándoles al país y a las comunidades de las zonas afectadas compensaciones acordes a las heridas causadas a la naturaleza.
Tomado de la página www.semana.com/nacion/amazonia-peligro/164663-3.aspx
